En Costa Rica el riesgo se convirtió en el mecanismo para manipular la tasa de interés, algo que la nueva ley de usura podría enmendar.
Para una persona la tasa de interés es el premio que recibe por posponer su consumo y poner a disposición de un banco u otra entidad financiera sus recursos. Para la entidad financiera es el precio que cobra a sus acreedores de forma que compense el riesgo de no pago en que incurre con cada préstamo. Teóricamente, el es precio del dinero, y como todo precio, en un mercado competitivo, debería ser determinado por la interacción entre oferta y demanda en el sistema.
Pero, ¿qué pasa cuando ese sistema permite a los oferentes ser quienes controlan unilateralmente las condiciones y ese precio? ¿Qué pasa cuando se cobra ese ‘premio’ por riesgo, sin incurrir en términos prácticos en dicho riesgo pues el sistema permite sobre compensarlo?
“La metodología de la Sugef incorpora la tasa de pérdida esperada y mide el nivel de riesgo al otorgar el préstamo”, esta es una frase de uno de los medios de comunicación masiva hace unos meses cuando se realizaba la discusión sobre la ley de usura.
El tema es que al incorporar el riesgo dentro de la tasa de interés, nos decía el Semanario, el 55% de cualquier préstamo es solo para compensar los impagables.
Lo que implica es que hay un acople entre la tasa de interés y el riesgo de la cartera, que es controlado por la entidad financiera. Este acople puede ser instrumentado por las entidades financieras, para empujar la tasa de interés de sus productos al alza. Vamos de nuevo, no se si a alguien le ha sonado extraña la forma en que han estado defendiendo la inclusión financiera, especialmente de una población que fácilmente entra en mora y de la cual se espera generen menor ganancia.
La explicación es que el mecanismo de acople permite que, al introducir una mayor cantidad de personas que van a entrar en mora o que se convertirán en préstamos incobrables más temprano que tarde, la tasa que se cobra tenderá a compensar el mayor riesgo y por tanto será más alta. Así por ejemplo, el interés del segmento de alto riesgo podría estar en un 60%, un interés suficientemente alto que permita compensar el riesgo de impago.
Ahora pensemos en el otro segmento, el de bajo riesgo y que además tiene un poder adquisitivo mayor, supongamos por ejemplo, que esta tasa de interés acoplada al riesgo de este grupo fuera del 30%, pero al introducir dentro de la misma cartera un grupo de clientes riesgosos, en su conjunto, el riesgo de la cartera aumenta, lo que permite cobrar una mayor tasa a estos clientes de menor riesgo, pudiendo subir fácilmente al 40% o más, y como esa porción de la cartera es buena paga, se obtiene una mayor ganancia de este segmento: allí está el negocio.
El problema es que los clientes riesgosos se convierten en un contrapeso para manipular las tasas de interés, obviamente teniendo cuidado de no pasarse y poner en riesgo las operaciones del sistema financiero en su conjunto, pues si la cartera completa de una entidad se cae, todo el sistema financiero podría ser arrastrado al suelo si algunas instituciones caen en default. De allí que exista alguna lógica de protección del sistema en sí mismo.
Observando el comportamiento del BAC encontramos la prueba de este mecanismo. En el momento en que este contrapeso se convierte en peso muerto y pierde su utilidad, lo desecha. Lo mismo tendrían que hacer las demás entidades financieras, porque su utilidad operativa se acabó, convirtiéndose más bien en un lastre, un peligro para la integridad del sistema financiero. En última instancia esto es prueba también de que el mercado financiero es todo menos competitivo en este país: por un lado, si existiera competencia, en un mercado en recesión, lo menos que se hace es tomar acciones para perder clientes. Por otro lado, queda visto que los consumidores financieros no tienen ningún peso en absoluto en las condiciones que deben sí o sí aceptar de parte de los oferentes financieros que toman todas las decisiones e imponen las condiciones a su conveniencia y seguridad.
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